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Por Rafael Delgado Elvir

El aparato estatal que sostiene al gobierno es una criatura voraz que traga recursos multimillonarios. Hace apenas 4 años, 50 mil millones de lempiras se recaudaban en impuestos y no era suficiente. Ahora, son aproximadamente 100 mil millones de lempiras y todavía está lejos de ajustar. Y como no ajustan los recursos que se recaudan en el país, en pocos años los últimos gobiernos han elevado la deuda pública de aproximadamente 6 mil millones de dólares en el 2012 a casi 11 mil millones en el año 2017. Y aún así las cuentas no resultan. Por eso se siguen inventando maneras de gravar con más impuestos al pueblo para financiar inversiones básicas que bien se podrían cubrir si los asuntos fiscales se manejaran con criterios más de acuerdo con la realidad nacional.

El apetito de este aparato se acrecienta en especial cuando no se cuenta con un liderazgo comprometido con los cambios necesarios. Esta voracidad sigue su curso cuando los políticos descubren que las acciones a que son obligados, ya sea por presión nacional o internacional, para ser austeros, limpios y eficientes no tienen sentido para ellos ya que terminan mordiéndose la cola. Y como hay impunidad, se puede seguir regando dinero, comprando voluntades, financiando campañas políticas con recursos públicos.

Recientemente JOH le traspasó a Argueta 35 vehículos que, según las informaciones que se publicaron, costaron al Estado 50 millones de lempiras. Se trata de vehículos, algunos de ellos blindados para uso de los jueces y magistrados. El dinero procede del fondo de la Tasa de Seguridad, que se ha convertido en un rico pozo de recursos manejado por el Poder Ejecutivo, creado supuestamente para combatir la inseguridad y la delincuencia. Según Argueta, los vehículos apoyarán en la reducción de la mora judicial y vendrán a fortalecer al Poder Judicial. Lógicamente que a estas alturas nadie podrá creer en esas historias. Son muchos los años que han pasado desde que la ciudadanía, harta de tanta injusticia, inició reclamos por un adecentamiento profundo de la justicia. Sin embargo, muy poco ha ocurrido.

Este tipo de acciones, como ser la compra de una flota de vehículos, no se justifica. Es una acción más que transmite la naturaleza del gobierno y del Poder Judicial que se coluden, se felicitan y se intercambian regalos mutuamente. Los pobres resultados del Poder Judicial no son la falta de vehículos. Es la consecuencia de carecer de una institución fortalecida, con autoridades y jueces realmente independientes, sin ningún compromiso político, ni con antecedentes funestos que comprometan sus funciones.

Mientras estas cosas ocurren en Honduras, para vergüenza de los que mal gobiernan el país, en los EUA se afilan las herramientas para denunciar a los delincuentes de alto nivel. Ya no solamente son las solicitudes de extradición y la cancelación de visas los medios con que se presiona, ahora es también la Ley de Autorización de Defensa Nacional que contempla el congelamiento de activo y la elaboración de listas de personas en Honduras, El Salvador y Guatemala que han cometido graves delitos relacionados con el lavado de activos, tráficos de drogas, actos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas electorales. Lastimosamente los ataques frontales al delito vienen de afuera.

El país necesita mecanismos independientes que desde la ciudadanía y las organizaciones civiles hagan avanzar las reformas políticas, económicas y sociales necesarias. Dejar en manos de la estructura gubernamental y a su antojo estos asuntos de alta importancia para el futuro del país, implica seguir cayendo en situaciones de ingobernabilidad que nadie desea.

NOTA: la opinión que refleja esta columna es propio del autor . no de Colegio Hondureño de Economistas

 

 

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